La cruda herencia de la “democracia” fue haber destapado una cloaca de violencia que laceró a los mexicanos. Y esto se dice porque en las décadas anteriores el negocio de los grandes capos era enviar droga a Estados Unidos, lo cual era un mal menor mientras la droga no se vendiera en nuestro país.
En el sexenio de Calderón, encuadrado dentro de la política expansionista de Barack Obama, el frágil equilibrio que antes había se rompió. Las acciones del aparato policiaco del gobierno terminaron por favorecer a un cártel por encima de los otros, desatando una ola de crueldad nunca antes vista.
Bajo los viejos esquemas había violencia, si. Y no deberíamos olvidarlo porque en los 80s se dio el muy sonado caso de Enrique Camarena, que ciertamente amaba más a los Estados Unidos que a México, y que por haber intervenido era una disputa entre cárteles sufrió una muerte ignominiosa. Pero hay que ser claros: los viejos capos rara vez se lanzaban contra el ciudadano de a pie, porque su negocio era precisamente ese: llevar la droga a los Estados Unidos para que esta fuera vendida y comercializada allá.
Los Estados Unidos, en vez de combatir el rampante narcomenudeo dentro de su país y lanzar una política de castigo contra las pandillas locales, prefirió obligar a nuestro gobierno a cerrar la transportación aérea de las drogas. La consecuencia es que ahora esta tendría que hacerse por tierra, lo cual se convirtió en una gran oportunidad para la escoria lumpenproletaria y los criminales de poca monta, que empezaron a participar en las redes de corrupción que hacían posible un trasiego que requería una operación logística mucho más compleja, pero mucho más sucia. A final de cuentas, no es lo mismo que un gran capo tenga que negociar con una autoridad federal encargada del transporte aéreo, a la necesidad de negociar con cientos de autoridades municipales y policiales corruptas, en muchos casos dirigidas por la gente de la peor calaña.
Al ver mermada su “empresa de exportación” la mafia reclutó a miles de personas entre los sectores mas despreciables de la sociedad para ocupar una violencia tan brutal que era considerada como una ocupación indigna entre los tradicionales capos, acostumbrados a considerarse “hombres de negocios” y no matones.
Ahora bien, sería inexacto decir que la violencia contra civiles empezó directamente bajo el gobierno de Calderón porque ya en tiempos de Fox, la gente de provincia había empezado a probar las mieles de la violencia mafiosa. De ahí que al inicio de su mandato, la promesa de combatir a los criminales a cargo de Calderón fuese recibida con amplio respaldo. Desgraciadamente, al poco tiempo una gran parte de la población percibía que el calderonismo combatía a todas las mafias excepto a la de Sinaloa. Bajo el calderonismo, los mafias se lanzaron contra los civiles para amedrentar al gobierno, que había tomado el papel de una facción más de la mafia, y no de un actor neutral.
Cuando la tolerancia extraoficial retornó bajo Peña Nieto, el tejido social estaba arruinado. Los “mandos bajos” dejaron de ser útiles para la gran mafia y se volcaron contra la población civil, ya no tanto para amedrentar a las autoridades sino porque en su momento, toda la escoria surgida de los barrios bajos trató de ganar dinero a costa de la mafia.
El lumpen, acostumbrado a vivir de lo poco que podía arrebatarle al ciudadano honesto, había gozado de inusitadas bonanzas gracias al negocio del trasiego, pero a diferencia de los mafiosos profesionales, este no estaba sujeto a códigos de honor, pues buena parte de los sicarios improvisados que empezaron a surgir, son adictos a drogas que no pueden pagar.
Si en el pasado, ellos podían pagar “halcones” y comprarse cadenas de oro, la escoria criminal de ahora ha enfrentado la época de vacas placas a través de un esquema que esclaviza a las comunidades, que deben pagar un tributo a la mafia en turno para poder seguir operando sus negocios. Miles de taxistas y transportistas son obligados a fungir como halcones sin más paga que la “garantía” de que no serán asesinados.
Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, mas de ocho mil personas fueron sido asesinadas solo en sus primeros tres meses de gobierno. Hoy, a unos pocos días de que termine, su mandato concluirá con casi 200 mil homicidios dolosos: un promedio de 92 mexicanos asesinados por día.
Entidades como Tabasco o Chiapas, que no habían estado involucradas en este tipo de violencia durante los gobiernos de Calderón o Peña Nieto, ahora enfrentan desplazamientos forzados.
En el resto del país, la tragedia no solo consiste en el temor de ser asesinados a raíz de algún fuego cruzado sino en el hecho de que hemos comenzado a ver estas extorsiones como cosa cotidiana, con la cual debemos convivir. Todos los meses, comerciantes, dueños de negocios o profesionistas que se negaron a pagar extorsiones son acribillados o incendiados junto con sus clientes y comensales.
Los transportistas, los locatarios y los restauranteros, son los mas afectados pero todo mundo sabe que nadie les hará caso, pues no hay autoridad ni ley para que nos defienda.
Las campañas políticas de este año lo demuestran claramente: el tema de las extorsiones no es prioridad. Sin embargo, es el peor de todos. Los políticos son insensibles al dolor de las familias. Han permitido la entrada de pandilleros centroamericanos y bandas colombianas que ahora aterrorizan a la población y hasta la paupérrima Guatemala se está viendo obligada a los mexicanos que huyen.
Lejos de transformar el inoperante sistema judicial que tenemos, los legisladores han eliminado de la lista de delitos graves las lesiones el robo a casa-habitación o el asalto en la vía pública.
Como verdaderos exponentes de la ideología burguesa, los obradoristas dicen que la delincuencia es consecuencia de carencias materiales cuando es en las personas sencillas donde aún subsisten los principios que mantienen a las mayorías fuera de las mafias.
Al igual que los neoliberales, su “proyecto transformador” consiste en entregar dinero para hacerse de votantes cautivos cuando la economía no es mas que la punta del iceberg en medio de una podredumbre política, moral y social que corroe nuestra sociedad.
¿De qué sirve que un apoyo económico mínimo cuando ya no puedes trabajar, ni poner un negocio, ni escuchar el radio o mirar la televisión sin exponer a tus hijos a una cultura que pone como héroes a los verdugos de nuestro pueblo?
Juan C. López Lee
