Prohibir armas de fuego no detiene la violencia.

México es de los pocos países en el mundo, que contemplan el derecho a portar armas dentro de su Constitución. Sin embargo, su legislación de control de armas de fuego es una de las más estrictas. Para empezar, la adquisición legal de un arma de fuego sólo es posible a través de la única tienda aprobada, alojada en un edificio desconocido dentro de una base militar del Estado de México. En resumen, la SEDENA permite la compra de un arma de fuego para protección del domicilio con un calibre menor a 38 siempre que se cumplan ciertos requisitos burocráticos. Sin embargo, el derecho del ciudadano a poseer un arma de fuego para su legítima defensa es constantemente aplastado con el pretexto de que “es obligación del Estado proporcionar la seguridad”, cosa que en la vida real no sucede. En el 2018, alrededor de 18 mil personas fallecieron por disparos de armas de fuego. Ese mismo año, delincuentes robaron mas de 20 mil armas “legales” a cuerpos de seguridad del gobierno. México es casi tan violento como Iraq y Afganistán.

Un delincuente es un delincuente.

El fracaso de la ideología oficial del estado mexicano en materia de control de armas nos obliga a reconocer que las muchas restricciones y requisitos burocráticos, solo han servido para limitar los derechos del ciudadano honesto, que no tiene nada que esconder y desea hacer las cosas conforme a derecho. Sin embargo, un criminal es lo que es porque no tiene la menor intención de respetar unas leyes en las que no cree. Sus objetivos son delincuenciales y jamás acudirá a las autoridades para solicitar un permiso de portación. De antemano, el delincuente es consciente de que el ciudadano honesto está siempre desarmado y que la policía difícilmente estará en condiciones de ayudarlo. Comprende también que los ministerios públicos son corruptos y que la impunidad en nuestro país es la norma y no la excepción. Por poner un ejemplo, las pocas personas que han matado a su asaltante, a su violador o a su extorsionador se encuentran en la cárcel o enfrentan procesos judiciales. Esto es intolerable.

Las armas no matan por si solas. Las personas sí matan.

Pese al impacto de la “narcoviolencia” en la “cultura” posmoderna de nuestro país, muy pocos de entre los sicarios del crimen organizado poseían armas de fuego antes de unirse a las mafias. Sin embargo, casi todos estuvieron expuestos a la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y al maltrato escolar. El problema no son las armas sino la mala intención del que las utiliza con fines delincuenciales. Tan es así, que un sin fin de delitos se cometen todos los días con armas blancas o herramientas de uso cotidiano.

Las armas de fuego no incitan al suicidio

Tener armas de fuego tampoco es una invitación al suicidio, como vemos en el caso de Finlandia, un país con alto grado de bienestar socioeconómico y bajos índices de violencia social, que sin embargo, tiene uno de los más altos índices de suicidio en todo el mundo. Por si fuera poco, muy pocos finlandeses tienen armas de fuego en sus domicilios.

El control de armas beneficia a los ricos y poderosos

Las personas influyentes siempre tienen forma de evadir las legislaciones de control de armas gracias a su inmenso poder económico. Al codearse con la plana mayor de la política nacional y local, ellos siempre pueden darse el lujo de llevar “guaruras”, viajar en autos blindados y obtener permisos de portación con la más grande facilidad. Sin embargo, los políticos que ocupan las decadentes y anquilosadas estructuras del estado mexicano, no pueden tolerar que los comerciantes, los trabajadores, las madres solteras y los estudiantes pobres tengan acceso a un arma de fuego para defender lo poco que tienen. Son incapaces de otorgar seguridad a los ciudadanos a la vez que les impiden defenderse. Las actuales leyes discriminan a la clase trabajadora, que a pesar de sostener con su trabajo la economía nacional sufren extorsiones, asaltos, secuestros y agresiones. Ya es hora de cambiar esto.