¿Monarquía o república?

¿Monarquía o república? 

México, por su historia, su geografía y su potencial humano, estaba —y está— llamado a la grandeza continental. Los liberales republicanos, encerrados en su individualismo y su admiración acrítica por las sociedades modernas, fueron incapaces de comprender esta vocación. Prefirieron un México pequeño, fragmentado y subordinado antes que un México fuerte y soberano.

Una reflexión histórica sobre la forma de gobierno?

Aún hasta el día de hoy, los historiadores oficiales y los libros de texto del régimen han caracterizado a la monarquía mexicana como una propuesta retardataria, reaccionaria y opuesta a toda forma de progreso y modernidad. Según esta narrativa dominante, el Primer Imperio y el Segundo Imperio no fueron más que episodios oscuros, traiciones a la “verdadera” patria republicana.

Según los manuales escolares, Agustín de Iturbide fue simplemente un oportunista militar que cambió de bando en el momento conveniente para otorgarle a la Iglesia Católica la posibilidad de seguir dictando políticas públicas. De igual manera, Maximiliano de Habsburgo ha sido presentado sistemáticamente como un usurpador extranjero, un títere impuesto por los invasores franceses y aceptado por un pequeño grupo de conservadores traidores a la nación.

Sin embargo, una revisión más honesta y menos ideologizada de la historia nos muestra un panorama muy diferente.

Iturbide dista mucho de haber sido un católico integrista o un fanático religioso. Por el contrario, su postura fue notablemente más moderada que la del propio José María Morelos, a quien los españoles acusaban de extremismo religioso. Iturbide buscó siempre un equilibrio. Fue un hombre de orden, pero no de fanatismo. Demostró ser capaz de enfrentarse incluso al Vaticano cuando este pretendía interferir en los asuntos internos de la nueva nación. Su visión no era la de restaurar el antiguo régimen colonial, sino la de construir un Estado mexicano soberano, estable y respetuoso de la tradición católica del pueblo, sin caer en los excesos jacobinos que ya se veían en otras latitudes.

Lejos de ser un simple militar ambicioso, Iturbide representó un proyecto de conciliación nacional. Entendió que, tras once años de guerra devastadora, México necesitaba unidad y no más divisiones. Su coronación como emperador no fue un acto de vanidad personal, sino un intento pragmático de dar estabilidad a un país que nacía dividido y amenazado por fuerzas centrífugas.

Algo similar ocurre con la figura de Maximiliano. Los partidarios del Segundo Imperio han sido satanizados históricamente como traidores por el simple hecho de haber aceptado la autoridad de un emperador de origen europeo. Sin embargo, la república juarista jamás fue ese gobierno popular, igualitario y justiciero que la historia oficial pretende vender. Fue, en gran medida, una república de latifundistas criollos y liberales, muchos de ellos dispuestos a entregar amplios territorios nacionales a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y militar.

Los republicanos juaristas, especialmente en sus alas más radicales, mostraron un ardiente deseo de “modernizar” México copiando el modelo anglosajón, muchas veces a costa de destruir elementos profundos de la cultura y la identidad nacional. En cambio, los imperialistas buscaron una solución que ya había demostrado su eficacia en Europa: ofrecer la corona a un monarca europeo que pudiera garantizar unidad, concordia y pacificación en una nación joven y frágil.

Países como Grecia, Rumania, Bélgica e incluso Italia habían encontrado en la monarquía un factor de estabilización y modernización controlada. México intentó lo mismo. Desgraciadamente, los franceses impusieron condiciones onerosas y Maximiliano tuvo que gobernar con las manos atadas. Aun así, su gobierno mostró un carácter sorprendentemente progresista para la época: promulgó leyes de protección al campesinado indígena, impulsó la educación, modernizó la administración y mostró un respeto real por las comunidades originarias que contrastaba fuertemente con el liberalismo abstracto de los republicanos.

Bajo una auténtica monarquía, el monarca no representa un partido ni una clase social, sino la unidad y la continuidad histórica de la nación. Su legitimidad no proviene de elecciones periódicas, sino de encarnar la identidad colectiva por encima de las divisiones. En ese sentido, la nacionalidad de origen del monarca es secundaria: lo importante es su compromiso con la grandeza del país que gobierna.

México, por su historia, su geografía y su potencial humano, estaba —y está— llamado a la grandeza continental. Los liberales republicanos, encerrados en su individualismo y su admiración acrítica por las sociedades modernas, fueron incapaces de comprender esta vocación. Prefirieron un México pequeño, fragmentado y subordinado antes que un México, fuerte identitario, y soberano.

El Imperio de Maximiliano, más que una “conspiración extranjera”, representó la última gran resistencia del México profundo: el México indígena, mestizo, católico e identitario que Juárez y sus seguidores consideraban retrógrado y bárbaro. Las leyes agrarias y sociales impulsadas durante el Segundo Imperio demuestran que el proyecto imperial no era reaccionario, sino conservador-progresista, en el mejor sentido del término: conservar lo valioso del pasado mientras se avanza hacia el futuro.

Dejando de lado las discusiones ideológicas puras, la experiencia histórica mexicana de los últimos 150 años es contundente: la falta de un modelo político verdaderamente acorde a nuestra forma de ser ha sido una de las principales causas de nuestra mediocridad relativa. Un país con los recursos naturales, la ubicación estratégica y la riqueza cultural de México debería ser una potencia mundial. En cambio, hemos navegado entre inestabilidad, corrupción y mediocridad.

Por eso, más allá de si el sistema de gobierno es monárquico o republicano, lo verdaderamente urgente es construir un orden político que priorice el bien común y la competencia meritocrática. Es necesario acabar con los amiguismos, las cuotas partidistas, los compadrazgos y la mediocridad institucionalizada. La función pública debe ser confiada a los mejores elementos de la nación, no a los más leales al partido de turno.

En cuanto a la cuestión monárquica, tras la trágica ejecución de Maximiliano I en 1867, no existe hoy un consenso claro sobre la sucesión dinástica de las casas imperiales mexicanas. Algunos reivindican la descendencia de Iturbide, otros miran hacia ramas colaterales de los Habsburgo. El debate permanece abierto.

De momento, una república social, unitaria y descentralizada (no federal al estilo estadounidense) podría ser la fórmula más viable y conveniente para México en el corto y mediano plazo. Una república que recupere lo mejor de nuestra tradición centralista, que fortalezca la autoridad del Estado frente a los poderes fácticos, que respete la identidad cultural del pueblo mexicano y que ponga fin al experimentalismo ideológico que tanto daño nos ha hecho.

Porque al final, lo importante no es la etiqueta (“monarquía” o “república”), sino que el sistema político responda a la realidad profunda de México: un país mestizo, católico en su alma, jerárquico por naturaleza y llamado a jugar un papel protagónico en el continente.

Solo un Estado fuerte, enraizado en nuestra propia historia y alejado de importaciones ideológicas ajenas, podrá permitir que México deje atrás la mediocridad y asuma por fin el destino de grandeza al que ha estado llamado desde su nacimiento.