Por Juan C. López Lee
La reforma del poder judicial ha sido un asunto pendiente en la política nacional, que aparentemente ha sido atajado por la administración morenista bajo la creencia de que a través de la elección democrática, este poder dejará de ser “oligárquico”.
En efecto, el principal discurso de la administración de López Obrador y Claudia Sheinbaum reside en la falsa idea de que cuando un poder es votado popularmente, automáticamente se acaba el tráfico y de influencias, pues cuando una persona le debe su cargo al voto popular, esta tendrá que operar de acuerdo al interés de la mayoría de los votantes. Se trata de la misma palabrería demoliberal de siempre, que arropada con un lenguaje de izquierda, no quiere decir otra cosa más allá del clásico “quítate tú para que me ponga yo”.
El poder judicial nunca ha sido autónomo
El poder judicial es en las naciones globalizadas, un instrumento de opresión al servicio de los monopolios transnacionales y grandes potentados. Sin embargo, México es un caso atípico porque nuestro país esta transición nunca se dio por completo. Ciertamente, el poder judicial mexicano ha girado órdenes de aprehensión contra ecologistas, ha fallado en contra de las comunidades para favorecer empresas contaminantes y ha permitido el encumbramiento de los grandes aparatos de la desinformación en las redes sociales y los medios masivos. Además, ha implementado todas las agendas ideológicas del nuevo orden mundial en cuanto al feminismo y la ideología de género, con la salvedad de que en nuestro país, las administraciones neoliberales no pudieron transferir el control del poder judicial directamente a los agentes del capital financiero. En Europa oriental, esta transición se dio porque el aparato político del Estado pro soviético colapsó totalmente. De ahí que los reformadores liberales hayan aprovechado la conmoción de los cambios para entregar sus países a la dominación del capital financiero. En México, esta transición no se dio porque el aparato estatal priista conservaba un notable vigor y tanto Salinas de Gortari como sus subsecuentes sucesores se vieron obligados a preservarlo.
En efecto, del mismo modo en que Ernesto Zedillo se había comprometido con los prestamistas estadounidenses del error de diciembre a privatizar empresas del estado, no con el fin de venderlas a conglomerados extranjeros sino con el propósito de desaparecerlas para “castrar” industrialmente al país, este Presidente fingió cumplír las directivas enviadas desde el extranjero para despolitizar el poder judicial y entregarlo directamente al capital financiero internacional como hizo con el Banco de México. No obstante, lo que hizo Zedillo fue un golpe interno para colocar a sus adeptos en sitios clave y desactivar la conjura salinista contra su gobierno. En aquel entonces, la idea era evitar que priístas de cuño provenientes de administraciones anteriores pudieran colarse en las magistraturas. Además, se buscó la conformación de una nueva camada de jueces supuestamente apolíticos o de carrera. Más que nada, se trató de una reforma administrativa destinada a facilitar la política reformista de los gobiernos en turno, que nada tiene que ver con la verdadera reforma judicial que se necesita. A lo que voy, es que la mayoría de los casos que agravian a la sociedad ni siquiera llegan a oídos del poder judicial.
La reforma judicial es una farsa
El código procesal que tenemos, es un compendio de legislaciones burocráticas y anacrónicas sin aplicación en la vida real. En la mayoría de los casos más sonados, los castigos se dan de forma indirecta, pues se encarcela a la persona sin condena real para que después de varios años, ésta sea liberada por falta de pruebas o por irregularidades en los procedimientos. Dicho sea de paso, la prisión preventiva sigue siendo extremadamente lesiva para los derechos humanos de los acusados más pobres y de quiénes son previamente linchados en la opinión pública. En fin, todo esto es harina de otro costal porque la mayoría de los ciudadanos desconoce qué casos llegan a los altos tribunales y magistraturas de nuestro país. Nuestra ignorancia judicial es casi absoluta. De ahí que la democratización del poder judicial propuesta por la administración morenista no sea sino una charada, una farsa y un golpe burocrático interno.
1. La elección supuestamente democrática de los juzgadores es caótica porque la gente desconoce a los candidatos, desconoce sus propuestas y desconoce el funcionamiento del poder judicial. Además, la elección o nombramiento individual de las personas no hace ninguna diferencia, pues la situación general permanece tal como está. Nuestras leyes no sirven. La única justicia que existe en México es la del dinero y la del influyentismo. Además, los funcionarios administrativos bajos del poder judicial siguen siendo intocables. Su ineptitud es manifiesta y la corrupción en esos sectores es enorme. Bajo el marco legal vigente, por más nobles y honestos que puedan ser los juzgadores, la impunidad continuará. Además, a diferencia de lo que sucede en una elección para diputados, gobernadores, alcalde o presidentes, donde el escrutinio de la opinión pública sirve para mitigar abusos e irregularidades, la absoluta ignorancia que prevalece en torno a la elección judicial garantizará que esta sea un mecanismo de validación para el nombramiento de candidatos al servicio del gobierno en turno o de las mafias del crimen organizado.
2. La reforma del poder judicial obedece a los mismos parámetros implementados para “democratizar” al INE y abolir organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica. En efecto, aquí es necesario reconocer que ninguno de estos entes fue verdaderamente autónomo, pues todos servían a la clase política y a los intereses económicos preponderantes. Sin embargo, sí eran relativamente autónomos en lo que respecta al gobierno en turno porque se trata de entes transexenales, cuyas políticas dependían del consenso entre los partidos predominantes en los sexenios pasados. En vista de que estos organismos se conformaron antes de que MORENA surgiera como actor político cohesionado, su continuidad garantiza al PRI y al PAN cierto peso en las políticas públicas, que no se corresponde con el ínfimo porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas y que los redujo a una total irrelevancia. En efecto, el obradorismo desea hacerse del control de estos organismos y el poder judicial no es la excepción, puesto que en México este jamás fue verdaderamente independiente y siempre estuvo supeditado al poder presidencial.
3. Más allá del nombramiento encubierto de los juzgadores por parte del régimen, que era algo previsible porque la separación de poderes siempre ha sido una ficción, la reforma judicial viene acompañada de toda una serie de mecanismos que violan flagrantemente la idea de la soberanía popular qué tanto pregonan los obradoristas. Además, fomentan tácitamente la violación de los derechos humanos por parte de la camarilla de burócratas expriístas que gobierna el país y de sus familias, pues es innegable que ante un estado y una institucionalidad totalmente paralizados por lo anacrónico de sus procedimientos legales y administrativos, el derecho de amparo por lo menos servía para mitigar la tragedia de miles de personas que son encarceladas injustamente, sin juicio, etc. Al restringir las resoluciones del derecho de amparo al ámbito de lo meramente individual, la posibilidad de resistir a la opulencia de los poderosos por la vía legal y jurídica quedará casi totalmente cancelada. De entrada, lo que se busca es eliminar cualquier posible obstáculo que se interponga en los proyectos pseudoturísticos del obradorismo, que no hacen sino profundizar las desigualdades sociales, destruyendo el medio ambiente y entregando nuestro país a los capitalistas extranjeros, que se enseñorean sobre nosotros y ahora dominan el mercado inmobiliario como viles agiotistas y prestamistas.
En este momento, cualquier resistencia a la reforma judicial o a la propia elección está viciada de inicio porque en nuestro país no hay una oposición electoral real. Como ya mencioné, los partidos defenestrados PRI y PAN tienen una relevancia pírrica en nuestro país. Su sola existencia es motivo de vergüenza. Nadie quiere nada con ellos. De ahí que sus líderes Alejandro Moreno y Jorge Romero prefieran callarse, pues a lo mucho que aspiran es a conservar el registro. El PAN y el PRI, son ahora partidos “progres” carentes de representatividad.
Ciertamente, no todo está perdido porque existe toda una gama de movimientos y organizaciones que aspira a conformar una nueva oposición, basada en principios y no en un simple cambio de camisetas. Sin embargo, la falta de experiencia y el hecho de que buena parte de las agrupaciones en este momento esté tratando de organizarse con miras a la construcción de nuevos partidos políticos, propicio que no hubiese ninguna estrategia común ante la elección judicial.
De entrada, podemos vaticinar que la elección será un completo fracaso, qué el número de votantes será ínfimo, que la jornada será caótica y que aún así, será presentada por el gobierno en turno como un gran éxito, pues por principio de cuentas no se establece ningún mínimo para que la votación sea válida. De ahí que boicotear la elección sea irrelevante desde cualquier punto de vista.
Es precisamente por esto, que en el Frente Nacionalista de México estamos trabajando de manera local para sondear y promover a los candidatos más acordes a los principios étnicos y culturales de los mexicanos. Es decir, juzgadores que rechacen a la agenda 2030 y a la ideología de género, y que además tengan un perfil de integridad personal lo suficientemente digno. Estamos promoviendo el voto por personas que puedan mitigar un poco el desastre que se viene. Además, nuestra participación en la elección nos permite adquirir la experiencia suficiente para entender lo que estará en juego en las próximas elecciones judiciales e impulsar futuras soluciones de resistencia social y política.
Debemos estar al pendiente de la elección. Debemos entender sus recovecos y debemos denunciar las irregularidades. Es innegable que el crimen organizado es en este momento el más grave problema nacional y local que nos atañe. La elección judicial no hace sino empeorar las cosas. Además, están bien un propósito de las autoridades morenistas tomar un papel represivo mucho más sutil pero efectivo, sobre todo contra quienes luchamos a favor de la nacionalidad de la patria. Después de todo, no debemos olvidar que detrás del obradorismo y detrás de la opoficción comandada por Jorge Romero y Alejandro Moreno, están los poderes financieros internacionales de la “Soroscracia”.
